La nueva reforma institucionaliza los cobros a empleados

Xalapa, Ver;.- La reforma a la Ley General de Títulos de Cobranza y Operaciones de Crédito para crear la de figura del crédito de nómina de cobranza delgada tiene implicaciones graves porque los patrones podrían firmar convenios con financieras para el descuento vía nómina de los trabajadores, informó la coordinadora del Barzón de Resistencia Civil, Tereza Carbajal.

En entrevista, advirtió que esta reforma institucionalizaría los cobros que en Veracruz ya se realizan a empleados de diversas dependencias de Gobierno del estado y que en muchos casos los dejan con cantidades menores a la que requieren para subsistir.

“Este mecanismo tiene como objetivo ya no ir a juicio para recuperar las deudas, y los legisladores olvidan que los trabajadores estarían renunciando al derecho al debido proceso, se está permitiendo el embargo automático de sus salarios sin necesidad de que los acreedores vayan a juicio y esto es sumamente grave”.

Detalló que la reforma, aprobada por la Cámara de Senadores, pretende que con un contrato de apertura de crédito simple se autoriza el descuento automático del salario del trabajador con cargo a prestaciones como sobresueldos, prestaciones, compensaciones, indemnizaciones, pensiones, rentas, entre otros.

La instrucción es girada por el trabajador a su empleador para que descuente de manera periódica, automática e ininterrumpida la deuda e intereses del crédito contratado, para lo cual los patrones deben firmar un convenio de cumplimiento de pago para adquirir la obligación frente a los acreedores para descontar y entregar el monto retenido del sueldo de los trabajadores, pero aceptará también la obligación de responder de manera civil, administrativa o en la vía penal por la falta pago de estas cantidades.

Esto quiere decir que el patrón podrá ser objeto de acción ejecutiva o de embargo sobre bienes en caso de que no se paguen las cantidades. Además, dijo que la reforma también aplica para créditos adquiridos anterior a ella pero únicamente cuando exista un refinanciamiento.

“El derecho de cobro de estos acreedores será preferente a la de otros acreedores comunes y no se especifica si excluye a las pensiones alimenticias”, cuestionó.

Recordó que este modelo ya se aplica en Veracruz pues las entidades prestamistas descuentan la deuda a través de convenios firmados con la dependencias de la administración pública estatal, trayendo afectaciones directas al ingreso de las familias.

“Es una iniciativa que debe ser rechazada por la Cámara de Diputados, en el Barzón creemos que salario es inembargable por disposición de la Constitución y así debe seguir”.

Y es que ejemplificó que actualmente en Veracruz hay al menos 4 mil trabajadores del sector salud que enfrentan descuentos excesivos de sus salarios por créditos contratados bajo este esquema. Dijo que tienen casos en los que una financiera descuenta 17 mil pesos de un sueldo y deja solo 6 mil pesos para la subsistencia del trabajador; en otro casos se le descuenta 12 mil pesos y la jubilada se queda con mil 915 pesos a pesar de tener padecimientos como diabetes, con las implicaciones económicas que esto genera.

“Ha sido durante muchos años en Veracruz un negocio predatorio que ha permitido ácidos y atropellos a los derechos humanos e los acreditados y propiciado el sobreendeudamiento no solo porque en su mayoría se accede a ellos en situaciones de necedades como sucede en casi cualquier crédito y tampoco por las elevadas tasas de intereses que deben cubrir los usuarios, sino por la falta de transparencia, equidad, seguridad jurídica a favor de los prestamistas y en perjuicio del patrimonio de los asalariados”.