La finalidad es establecer procedimientos homologados que garanticen el control y seguimiento de dichos números a nivel nacional
Por: Raymundo León
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana emitió los lineamientos para la integración y funcionamiento de la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión Telefónica o Fraude con la finalidad de establecer procedimientos homologados que garanticen el control y seguimiento de dichos números a nivel nacional.
Publicada en el Diario Oficial de la Federación este día, la Base Nacional de Presuntos Números de Extorsión y Fraude Telefónico tendrá como objetivo identificar, prevenir y mitigar todos los delitos y actividades ilícitas vinculadas con la extorsión y fraude telefónico.
La Base Nacional contendrá información consolidada, oportuna y homologada de las denuncias recibidas en los servicios 089, 911 u otros sistemas de las instancias de seguridad pública que capten información sobre presuntos delitos de extorsión o fraude telefónico.
Las Instituciones responsables de entregar la información de las denuncias para la Base Nacional serán los Centros de Atención de Llamadas de Emergencia, los Centros de Atención de Denuncia Anónima de las 32 entidades federativas y los Centros de Control, Comando, Cómputo y Comunicaciones.
La dependencia expone que el delito de extorsión es la segunda conducta ilícita que más se presenta a nivel nacional, se hace necesario generar una política que permita proporcionar a las instituciones herramientas para hacer eficiente el combate a este ilícito.
Entre 2018 y 2019, el delito de extorsión se incrementó hasta un 28% de acuerdo con las carpetas de investigación iniciadas por las fiscalías estatales que son recabadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Igualmente, el delito de extorsión generó aproximadamente 12 mil millones de pesos en pérdidas para los ciudadanos durante 2018, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de Seguridad Pública, que representó un monto cercano a los recursos federales que otorga el propio Sistema Nacional de Seguridad Pública a entidades y municipios.
El documento refiere que la extorsión es el principal delito en 14 estados del país (aunque no especificó cuáles) y que a pesar de que han implementado medidas para combatir la extorsión y fraude telefónico, hasta el momento no existe una estrategia unificada a nivel nacional para prevenir y mitigar dichos ilícitos
Lo anterior en perjuicio de los grupos más vulnerables, lo que genera un impacto social y aumenta la percepción de inseguridad en el país.
Por ello, es que surge la necesidad de contar con inteligencia sobre los patrones del delito de extorsión y fraude telefónico es que la Secretaría propuso la creación de una Base Nacional con datos acerca de la comisión de dichos delitos, posibles ubicaciones y circunstancias de comisión de los hechos para efectos de prevención e investigación.