La administración de Donald Trump dejó de considerar las solicitudes de dreamers

Grupos de derechos civiles demandaron al gobierno estadunidense por su decisión de dejar de considerar los pedidos de inmigrantes de permanecer en el país por razones de salud u otros padecimientos.

La sección en Massachusetts de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la asociación Lawyers for Civil Rights (Abogados por los Derechos Humanos) presentaron la demanda ayer en un tribunal federal de Boston, en contra de la decisión del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) del 7 de agosto de poner fin al programa “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA, por sus siglas en inglés).

El programa permite que ciudadanos extranjeros vivan y reciban servicios de salud en Estados Unidos por un máximo de dos años, mientras ellos mismos o sus familiares reciben tratamiento médico.

La agencia declaró el lunes que seguirá procesando solicitudes introducidas antes del 7 de agosto, luego de objeciones de médicos, abogados de inmigración y grupos de derechos civiles.

Dos años después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara su fin, el DACA sigue parcialmente en pie y libra una batalla judicial para evitar que miles de jóvenes indocumentados sean deportados.

El programa DACA fue promulgado el 15 de junio de 2012 por el entonces presidente estadunidense, Barack Obama (2009-2017), y supuso un alivio para miles de jóvenes inmigrantes indocumentados.

Los solicitantes debieron probar que habían llegado a EU antes de los 16 años, que no tenían antecedentes penales y que cursaban estudios de secundaria o universidad.

El 5 de septiembre de 2017, el entonces fiscal general, Jeff Sessions, anunció el fin del amparo de DACA, medida que entraría en vigor en un plazo de seis meses, es decir, el 5 de marzo de 2018.