En particular durante gobierno de Américo Zúñiga
Por: Alejandro García
Xalapa, Ver.- La Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS) de Xalapa deberá proporcionar de manera electrónica el nombre de los servidores públicos sancionados en el periodo 2014 al 2018, debiendo considerar que se trate de sanciones administrativas definitivas, así lo determinó el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IVAI), al resolver el recurso de revisión IVAI-REV/2107/2018/III.
Esto, luego de que durante el gobierno de Hipólito Rodríguez Herrero se ha mantenido una política de encubrir las irregularidades, o como en este caso, las sanciones aplicadas contra servidores en el gobierno de Américo Zúñiga Martínez.
En este asunto, una persona requirió la relación de quejas, procedimientos y sanciones emitidas por la contraloría interna de CMAS; no obstante, el contralor solo informó el número de quejas que se presentaron, de procedimientos que se llevaron y de sanciones emitidas, precisando que en cuanto a 2018 estas se encontraban en trámite, pero omitió señalar quiénes fueron los servidores públicos sancionados.
Inclusive, el contralor manifestó posteriormente que, en caso de que el peticionario requiriera más datos, debería hacer la solicitud pertinente. Sin embargo, los comisionados Yolli García Alvarez, José Rubén Mendoza Hernández y Arturo Mariscal Rodríguez concluyeron que la respuesta era insuficiente y que además significaba una vulneración al derecho del solicitante al impedirle conocer información pública que es su obligación publicar.
Los comisionados señalaron que CMAS interpretó la solicitud a partir de un criterio restrictivo pues –de conformidad con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua– la palabra “relación”, en una de sus acepciones, es la “lista de nombres o elementos de cualquier clase”; por lo que fue incorrecto dar únicamente los números, lo que no es acorde con el principio pro persona previsto en la Constitución que obliga a todas las autoridades a realizar la interpretación más favorable al titular de los derechos humanos.