La ex presidenta de Argentina habría cobrado sobornos a empresarios que ganaban contratos con el Gobierno
Era la crónica de una decisión anunciada y ella, lo sabía. El juez federal, Claudio Bonadío, procesó a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por considerarla jefa de una asociación ilícita destinada a exigir y cobrar sobornos de empresarios vinculados a las obras públicas. Asimismo, le dictó un embargo multimillonario (más de cien millones de euros) y prisión preventiva aunque no solicitará su desafuero, en el Senado, hasta que su resolución sea ratificada por la Cámara Federal, una instancia superior.
Se trata del sexto procesamiento de la actual senadora y el que tiene más posibilidades de lograr poner a la sombra a la viuda de Nestor Kirchner. En este caso, el juez procede en el marco de la causa de los denominados «Cuadernos de la corrupción», diario de Oscar Centeno (chófer del poder), donde recogió con minuciosidad el circuito de cobro de «coimas», las fechas y los nombres de los involucrados, tanto de los miembros de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) como de una decena de empresarios, entre otros, Angelo Calcaterra, primo hermano del presidente, Mauricio Macri.
El juez procesó, en simultáneo, a Óscar Parrilli, exjefe de los servicios de Inteligencia de Cristina Fernández, a su exministro de Planificación, ahora en prisión, Julio De Vido, a Roberto Baratta, ex número dos del Ministerio de Planificación y jefe del chófer Centeno que, en argot callejero, también «cayó en la volteada», y al exjuez Norberto Oyarbide (el que dió carpetazo en tiempo récord a la acusación de enriquecimiento ilícito al matrimonio Kirchner).
Bonadío observa que exime de procesamiento, por defunción, al expresidente Néstor Kirchner y a su exsecretario privado, Daniel Muñoz, señalado en «los cuadernos» y en diferentes testimonios como el personaje más recurrente a la hora de recibir los bolsones con millones de dólares en sobornos. Uno de los lugares favoritos de Muñoz, para recibir personalmente «la plata» de la corrupción, era el piso del matrimonio Kirchner del barrio de la Recoleta de donde, periódicamente, saldrían con destino a la vivienda familiar de El Calafate, en el entorno del majestuoso glaciar Perito Moreno.
El juez considera en su resolución, que la viuda de Néstor Kirchner, una vez muerto éste, se hizo con las riendas de la organización criminal. En concreto, se refiere a ella como la «jefa de una asociación ilícita» responsable de haber recibido dádivas en «22 hechos» y por cohecho pasivo en otros cinco.
A lo largo de quinientas páginas, Claudio Bonadío describe el modus operandi de la asociación ilícita que, a su juicio, dirigía la viuda de Kirchner al hacer funcionar, «una maquinaria que le sacaba, con procedimientos amañados, dinero al Estado Nacional en detrimento de la educación, la salud, los jubilados, la seguridad» mientras «dejaba al pueblo más humilde sin cloacas, sin agua corriente, sin servicios, sin transporte seguro, etc, etc, etc».
El magistrado añade que, «todo esto se hizo para distribuir coimas a funcionarios corruptos» que actuaron «por avaricia y codicia». Los mismo motivos que atribuye a, «ese selecto grupo de empresarios» a los que no perdona que también, «se llenaron los bolsillos mediante su participación en licitaciones o concesiones, sosteniendo a posterior un discurso acomodaticio y cobarde». Bonadío, que establece los hechos, entre el 2003, año de la investidura de Néstor Kirchner y el 2015, fin del doble mandato de su viuda, habla directamente del enriquecimiento ilícito de «funcionarios y empresarios corruptos»
Y considera probado que «los sobornos eran utilizados para sufragar de manera ilegal actividades de naturaleza electoral», para «comprar voluntades de Poder Judicial» o realizar «tareas de inteligencia política» pero que, «el grueso de esos fondos fueron destinados a engrosar de manera espuria e ilegal, el patrimonio personal» del matrimonio Kirchner.
Fuente: ABC Internacional
El Corresponsal, en el lugar de la noticia.