Existe desconcierto y enojo en la población
Por: Mario Rafael León
Integrantes de la Red Ciudadana en Defensa del Agua informaron que se oponen tajantemente a la reclasificación de tarifas de agua que llevan a cabo los organismos operadores del vital líquido de Veracruz, Boca del Río y Medellín; indicaron que la oposición es porque los costos para los usuarios se incrementaron hasta en un 70 por ciento.
José Filemón Robles Rodríguez afirmó que existe desconcierto y enojo en la población de Medellín, Boca del Río y Veracruz por la forma de operar de las empresas Grupo Más en Veracruz, Acciona en Medellín y CAB en Boca del Río.
“Las citadas operadoras del agua han ideado otro sistema para incrementar las tarifas de agua a través de una reclasificación referente a los metros cuadrados de las viviendas. Tienen vehículos nuevos y el personal porta unos aparatos muy sofisticados, un escáner que vía satelital les arroja cuántos metros cuadrados tiene cada planta de la casa y con esa información reclasifican la tarifa”, dijo.
Indicó que lo que anteriormente era clasificación de casa popular ahora pasó a casa de interés social, lo que derivó en un incremento en el costo de la tarifa; además, dijo, si alguna persona pone en su vivienda productos para vender o una tienda cambia su tarifa a comercial con un incremento desmedido.
El entrevistado recordó que cuando el SAS era operador del agua se hacía responsable de fugas y reparaciones del medidor a la red principal y que ahora las nuevas empresas obligan a los usuarios a firmar un documento compromiso en el que hacen responsable al usuario al pago de futuras reparaciones.
“Todos estos detalles han hecho que se incremente el costo del vital líquido. Con las reclasificaciones, en Veracruz, Medellín y Boca del Río las tarifas del agua han aumentado entre 60 y 70 por ciento y ello es muy lamentable porque los gobiernos municipales se prestan a la privatización del agua”, afirmó.
“La Red Ciudadana en Defensa del Agua hizo llegar a los tres municipios un documento en el que se exponen las violaciones al artículo 27 y cuarto constitucional. El agua es un derecho humano que el Estado mexicano debe otorgar a sus ciudadanos”, concluyó.
El Corresponsal, en el lugar de la noticia.