El informe señala que Brasil fue el país que registró mayor cantidad de asesinatos, con 57 personas muertas, el 80% de las cuales protegían de la tala y la explotación distintas regiones del Amazonas.

En Colombia, fueron 24 defensores asesinados, frente a los ocho de Perú en 2017. Paradójicamente en Honduras hubo menos asesinatos tras la muerte de Berta Cáceres, —cinco en comparación con los 14 casos registrados en 2016— pero la creciente represión de la sociedad civil ha extendido el miedo a la protesta, denuncia el informe que fue presentado esta semana en Londres. Otro país centroamericano, Nicaragua, registró la mayor cantidad de homicidios per cápita, con cuatro ecologistas asesinados. Una vez más, América Latina es el escenario del mayor número de asesinatos, que representan casi el 60% del total.

Indígenas indefensos

Desde 2007, la Autoridad Ambiental de México ha otorgado concesiones madereras en más de 24.000 hectáreas de territorio indígena en Coloradas de la Virgen (Chihuahua). Sin embargo, no consultó a las comunidades indígenas afectadas, tal y como exige el Derecho Internacional. Muchas comunidades indígenas se han visto obligadas a abandonar sus hogares para dejar paso a los madereros y solo es posible recorrer la zona acompañados de la policía.

Los que se opusieron a las concesiones (mediante acciones legales o protestas) han sido víctimas de amenazas de muerte, ataques y asesinatos. Desde 2016, seis miembros de la comunidad han sido asesinados, incluido Isidro Baldenegro, ganador del premio Goldman.