Sociedad y gobierno deben trabajar unidos para que los recursos públicos se apliquen a los fines y objetivos para los que están destinados

Por Mario Rafael León

Si los funcionarios de los tres niveles de gobierno actuaran con ética y siguieran la normatividad que rige el ámbito de su actuación, no existirían los actos de corrupción que lastiman y retrasan el bienestar de los ciudadanos.

En su comunicado semanal, Lorenzo Antonio Portilla Vázquez, auditor general del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), afirmó que desgraciadamente “aún existen (en la función pública) quienes no cumplen con estos principios, de ahí que tengan que promulgarse leyes como la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y sus leyes espejo en todos los estados del país”. “Por ello, sociedad y gobierno deben trabajar unidos en un frente común para que los recursos públicos se apliquen a los fines y objetivos para los que están destinados y lograr que los niveles de vida de los veracruzanos sean los adecuados y se abata el rezago social y la pobreza extrema”, dijo.

El servidor público manifestó que en el ORFIS no habrá satisfacción en la labor que se realiza sino hasta que se deje de ver a niños y niñas trabajando, en lugar de dedicarse a estudiar y a jugar en sus tiempos libres, y a personas de la tercera edad también laborando, en lugar de dedicarse a disfrutar y a descansar, viviendo de su pensión digna y decorosa que les permita cubrir sus necesidades sin preocupaciones”, manifestó el servidor público.

Refirió que el artículo 16 de la Ley Número 348 del Sistema Estatal Anticorrupción de Veracruz señala que el Comité de Participación Ciudadana (CPC) debe estar integrado por cinco ciudadanos de probidad y prestigio que se hayan destacado por su contribución a la transparencia, la rendición de cuentas o el combate a la corrupción. El presidente del CPC guiará al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, “por lo tanto, la sociedad civil estará presente en las políticas públicas que se emitan al interior del Comité para contener, erradicar o sancionar actos de corrupción que se presenten en el sector público estatal y municipal, incluso de particulares que participen en dichos actos. Además de ser la instancia de vinculación con las organizaciones sociales y académicas”, dijo.

El CPC del Sistema Estatal Anticorrupción, señaló el auditor general del estado, tiene una gran tarea que está plasmada en la Ley Número 348 y en otros ordenamientos legales.